Una muerte que no debió provocarse
LA Junta andaluza puede invocar a su favor todos los dictámenes que crea oportuno en relación con la muerte de Inmaculada Echevarría, pero la única ley que contempla lo que se ha hecho con esta enferma es el Código Penal. Al retirarle el respirador artificial se ha provocado directamente su muerte y esto no es eutanasia pasiva ni ortotanasia. No había encarnizamiento terapéutico, ni estaba fatalmente resignada a una muerte inmediata. Es cierto que Inmaculada Echevarría quería morir, pero tal voluntad no debió ser atendida por los poderes públicos, porque estaban en juego valores trascendentes a toda la sociedad. La disposición sobre la propia vida es un acto moralmente rechazable -a salvo las instrucciones de los testamentos vitales para evitar la prolongación artificial de una vida naturalmente acabada- y la participación directa en la provocación de esa muerte, un delito perseguible de oficio. Entre el asesinato y el auxilio al suicidio hay una serie de delitos en los que se podría encajar este trágico desenlace en un hospital de Granada.
El caso de Inmaculada Echevarría se ha presentado como un dilema entre una muerte digna y una vida insoportable. Quizá sea un recurso de propaganda para provocar un movimiento general de apoyo a la eutanasia. Pero lo seguro es que se ha conseguido relanzar el equivocado mensaje de que la dignidad de la vida humana depende directamente del estado de salud. No se trata, en absoluto, de juzgar la conciencia de Inmaculada Echevarría, sino de poner límites a la actuación de los poderes públicos en relación con la vida de los enfermos. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declaró ayer que la decisión de aceptar la petición de la paciente «era conforme a la ley y a la ética». ¿A qué ley y a qué ética se refería el presidente andaluz? Porque no hay ley que autorice a ningún equipo a interrumpir un tratamiento que garantizaba la continuidad de la vida de Inmaculada Echevarría, quien ayer aparecía retratada en la portada de este periódico mientras leía un libro. ¿Era esta una vida prescindible o carente de dignidad? Y sobre todo, ¿quién ha decidido lo que era ético y legal en este caso? Ni el Consejo Consultivo de Andalucía, ni la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria son órganos competentes para eximir de responsabilidad penal a quienes han participado en la muerte de una persona. Además, es arriesgado que el Gobierno andaluz haya dado este paso sin control judicial alguno, que es ahora cuando deberá producirse para depurar las responsabilidades penales pertinentes. Habría que recordar que cuando Ramón Sampedro solicitó de los Tribunales autorización para ser auxiliado en su suicidio, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de La Coruña se la denegaron. Y, finalmente, su muerte fue investigada como un delito contra la vida de cuyas consecuencias se libró la presunta responsable gracias a la prescripción del crimen.
Es inaceptable el curso que está tomando en España el debate sobre la eutanasia y, en general, sobre el respeto debido a la vida humana. La tesis de que el Estado debe ser neutral acaba convirtiendo a los poderes públicos en una fuente de franquicias para toda propuesta que, al amparo de la modernidad y del respeto a la libertad individual, acaba traduciéndose en una nueva forma de extinción de la vida. Y esto es así a pesar de que la experiencia demuestra no sólo los riesgos de emulación en pacientes que pueden sentirse sugestionados por la muerte de Inmaculada Echevarría o Ramón Sampedro, sino también en la imposibilidad de poner límites al abuso, como está sucediendo con el aborto en España, convertido en una práctica libre que ha desbordado los ya de por sí amplios supuestos legales en los que está despenalizado. Es preocupante comprobar cómo el pensamiento políticamente correcto está despojando a la sociedad de referencias morales imprescindibles para desenmascarar la raíz profundamente desviada de este relativismo sobre la vida humana. Y hoy son casos aislados, pero mañana pueden ser la norma que tase el valor de la vida humana en función de criterios ajenos a su dignidad intrínseca.

Hablaba Sonsoles, a través de las ondas de la radio, la mañana del Viernes Santo. Una chica de veintitrés años, cuya mayor ilusión en este mundo sería ver despertar a su hermano Miguel. Un ser real que supera ampliamente a la “Bella Durmiente” porque mientras ésta permanecía a la espera, en la soledad de su torre, Miguel se ha transformado en la médula del comportamiento y la razón de ser de toda una familia que ha sabido conformarse a su alrededor. Una historia que hace pensar.

Como un gran lago azul y verde, como un inusitado mar interior, fui concibiendo la historia, trágica y dulce de Miguel, según la relataba una de sus principales protagonistas. Una niña que, a sus siete años, entró de lleno en las contradicciones de este mundo. La historia de un chico que permanece en coma profundo, víctima de un accidente de tráfico, desde hace quince años y que ella narra con la entereza de lo asumido y hecho vida.

Azul y verde. Imagen de un mar en el que se une el cielo con la tierra. La historia de una vida descarnada que se hace maravillosa, cuando somos capaces de elevar a lo más alto aquello que se gesta en las entrañas de la tierra y se reviste de su grandiosa frondosidad. Un mar doméstico en el que se enlaza el azul más puro con el verde más intenso, como se entreteje lo divino con lo humano en cada vida. Pero, un mar con límites definidos en el que uno no se pierde, en el que la bravura de sus tempestades se atenúa con la calma de lo cotidiano; un mar con fronteras de ética y amor.

Miguel ha sido y es el centro vital de una familia numerosa que se mueve y respira con él y por él. Dos turnos de enfermería le cuidan y toda la casa gira a su alrededor. Tras los primeros momentos de incertidumbre en los que su vida se perdía, fueron sus padres y hermanos los que le reincorporaron al hogar y le atendían de noche y de día, sin separarse un momento de su lado. Después vino el orden y la organización.

Nadie entra o sale de casa sin pasar por el cuarto de Miguel, para despedirse o saludarle al regreso, para contarle el día a día de cada vida. Una costumbre que se convirtió en cultura familiar y un don para los que, por matrimonio, se fueron agregando; así como para los niños que después vinieron. Todos comparten sus vidas con Miguel. Ahora, probablemente, no lo concebirían de otra manera.

Miguel, al que cariñosamente se le nombra como “ángel de la casa” y que sin duda lo será, se encuentra en un lapso temporal que se me figura como un presente continuo, no sólo para su familia, sino para todos sus amigos y compañeros que siguen visitándole arrastrados por tan admirable ejemplo de amor y constancia. Una historia que sólo se detiene en Miguel, inmutable como es el amor de Dios que permanece mientras transcurre nuestro tiempo, para acompañarnos como nuestro principal referente.

Sonsoles tiene planes de boda a corto plazo, ella y su hermana gemela. La vida sigue, mientras Miguel permanece. Pero, jamás al margen de Miguel.

Esto, con ser evidente e implacable ley de la naturaleza de las cosas, está siendo obviado por nuestra decadente civilización, que camina entre juergas y borracheras hacia el hoyo.

Por eso es tan necesario que haya quien lo estudie detenidamente, recopile los datos y saque conclusiones científicas; aunque mucho me temo que ni así vamos a querer darnos cuenta, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Esto último, estudiar científicamente la realidad, es lo que ha hecho Javier Vega Gutiérrez, profesor de Medicina legal, al examinar cómo se ha verificado la pendiente resbaladiza en las tres jurisdicciones del mundo donde se autoriza la eutanasia: Holanda, Oregón (Estados Unidos) y Bélgica, en sendos estudios publicados en “Cuadernos de Bioética” (enero-abril 2007). El artículos de Aceprensa que aporto a continuación resume el relativo a Holanda, que el Dr. Vega firma junto con Íñigo Ortega.

De los estrictos requisitos a la práctica incontrolada de la eutanasia en Holanda La pendiente resbaladiza de la eutanasia

25-04-2007
043/07

Cuando se propone permitir la eutanasia, se la plantea como una solución para casos extremos, bajo control riguroso. La experiencia muestra que, si se legaliza, la práctica de la eutanasia tiende a expandirse cada vez más. Es el fenómeno llamado de la “pendiente resbaladiza”, que Javier Vega Gutiérrez, profesor de Medicina legal, examina cómo se ha verificado en las tres jurisdicciones del mundo donde se autoriza la eutanasia: Holanda, Oregón (Estados Unidos) y Bélgica, en sendos estudios publicados en “Cuadernos de Bioética” (enero-abril 2007). Resumimos el relativo a Holanda, que el Dr. Vega firma junto con Íñigo Ortega.

Sobre la situación de la práctica eutanásica en Holanda existen fundamentalmente tres informes oficiales acerca de las muertes producidas en 1990, 1995 y 2001. Los resultados más relevantes se exponen en la tabla.

La metodología usada en estos informes para obtener los datos consistió en entrevistas a más de 400 profesionales sanitarios en cada año estudiado, y el análisis de una muestra representativa de 5.200-5.600 certificados de defunción.

Es importante advertir que las únicas cifras objetivamente verificables son las relativas al número total de fallecimientos y al número total de casos de eutanasia notificados. Todas las demás se basan en respuestas anónimas del personal sanitario acerca de los casos en que manifestaron estar involucrados, y se trata por tanto de estimaciones. Un último punto preliminar es que en los informes se adopta una definición reductiva de eutanasia, que en la ley holandesa significa solamente eutanasia voluntaria activa.
Cada vez más

Realizando un breve análisis de la tabla, vemos cómo casi todos los tipos de muertes relacionadas con la eutanasia han ido aumentando de un estudio al siguiente. Adoptando la definición holandesa de eutanasia como “eutanasia voluntaria activa”, se produjeron 2.300 casos en 1990, 3.200 en 1995, y 3.700 en 2001.

Si se incluyen todos los casos en que los médicos pretendían explícitamente acortar la vida (tanto por acción como por omisión, con petición o sin petición de los pacientes), el total se eleva notablemente. Añadiendo por tanto los casos de suicidio asistido, los de terminación de la vida sin petición, las muertes por intensificación del tratamiento del dolor y de otros síntomas con propósito explícito de acortar la vida, y los casos de renuncia al tratamiento o retirada del mismo con la misma intención, el total de muertes intencionadas ha ido ascendiendo de unas 15.400 en 1990 a 19.700 en 1995 y 31.600 en 2001.
Sin petición del enfermo

Los casos de “terminación de la vida sin petición” del paciente han permanecido prácticamente invariables en los diferentes informes, en torno a mil. El control social es prácticamente nulo, pues los médicos no los notifican. Para el secretario de la Real Asociación Médica de Holanda, este número es un índice de que la práctica eutanásica está todavía bajo el control de los médicos. Sin embargo, que alrededor de mil enfermos mueran cada año de esta forma es inaceptable también para muchos partidarios de la legalización de la eutanasia (y no se consideran aquí otros tipos de eutanasia sin solicitud del paciente).

También la “eutanasia neonatal” se da sin prácticamente ningún control social, pues los médicos no la declaran. Se han notificado una media de 3 casos anuales entre 1996 y 2001; sin embargo, en 2001, a unos 100 de los 1.088 niños que murieron con menos de un año, los médicos les suministraron fármacos para acelerar la muerte.

En cuanto a la “sedación terminal”, el informe pretende combinar la administración de medios para provocar la sedación profunda o coma y la omisión de la hidratación y la nutrición. En 8.400 casos ha sido aplicada la sedación, y en 5.500 de ellos no se ha suministrado ni alimento ni líquidos. En el 46% de los casos de sedación el fin era doble: aliviar los síntomas y acelerar la muerte, mientras que en el 54% acelerar la muerte era el fin principal. Todo esto, aunque la cesación de la vida sea más lenta, es un acto intencional de eutanasia.

Según los informes, el motivo principal por el que se solicita la eutanasia está relacionado con una grave enfermedad física, que sea origen de un “sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejoría”, o “para evitar la pérdida de dignidad” y “evitar un sufrimiento ulterior”, siendo poco frecuente que se practique la eutanasia a petición a causa de una patología psiquiátrica, o por “estar cansado de vivir”.

Eutanasia sin transparencia

En relación con los “cuidados paliativos”, el informe señala que la mitad de los médicos encuestados no pueden juzgar su eficacia para prevenir las peticiones de eutanasia, pues no tienen un conocimiento suficiente sobre ellos, y que en Holanda la calidad de la Medicina paliativa deja aún mucho que desear. Sin duda, una oferta insuficiente de cuidados paliativos puede hacer que el paciente perciba prontamente el dolor como insoportable; sin embargo, el síntoma dolor sólo es el motivo de la solicitud en el 29% de los casos.

Con relación a las notificaciones de eutanasia por parte de los médicos, se ha confirmado en los diferentes estudios que sólo una minoría de los médicos rellena el cuestionario, y no en todos los casos en que intervienen. El número anual de notificaciones fue aumentando hasta más de 2.500 en 1998, para después empezar a disminuir y quedarse por debajo de 2.000 desde el año 2002.

El cambio de tendencia coincide con el del procedimiento de notificación, que antes se tramitaba por medio del patólogo comunal y ahora debe hacerse a la “Comisión regional de control sobre la eutanasia”. Con el nuevo sistema se pretendía que los médicos comunicaran los casos de eutanasia con mayor regularidad, para hacer más transparente esta práctica; pero no se ha obtenido el fruto esperado. En 2001 los médicos evitaban el control jurídico en la mitad de los casos, y en 2003 se ha revelado que para no tener que notificar los casos de eutanasia, los médicos acudían a la denominada “sedación terminal” con intención de acabar con la vida del paciente.
Descenso en cuatro fases

A la vista de los datos, intentaremos comprobar si en Holanda se ha producido el deslizamiento por la “pendiente resbaladiza” de la eutanasia. Utilizaremos el esquema propuesto por I. Ortega (“La pendiente resbaladiza. ¿Ilusión o realidad”, “Annales Theologici” 17 (2003), 107-112), que distingue cuatro fases en el deslizamiento:

A: ley que autoriza la eutanasia o el suicidio asistido si se dan tres requisitos: 1.°, plena voluntariedad; 2.°, enfermedad terminal; 3.°, padecer dolores insoportables.

B: se permite la eutanasia no voluntaria e involuntaria (pacientes en coma, recién nacidos con malformaciones, ancianos dementes o enfermos con perturbaciones mentales).

C: se permite la eutanasia o el suicidio asistido en enfermos incurables no terminales, o que no están en situación irreversible, o con enfermedades de las que se pueden curar.

D: se permite la eutanasia por motivos de sufrimiento psicológico, por pérdida de la autonomía, escasa calidad de vida, sentimiento de ser una carga económica, etc.
Cae la primera barrera

Con respecto a la primera condición exigida por la ley (voluntariedad plena en el enfermo que solicita la eutanasia), al estudiar el caso holandés se aprecia que, tanto tribunales como la Real Sociedad Médica, en casos de pacientes que sufren depresión, demencia u otra enfermedad psíquica, aceptan que se les practique la eutanasia. Aun reconociendo que la capacidad de juicio del enfermo está disminuida, consideran “cruel” aplicar los requisitos legales de forma estricta. Lo mismo ocurre con recién nacidos minusválidos o pacientes en coma, que claramente no pueden expresar su voluntad: para acabar con sus vidas basta que el doctor y/o la familia opinen que el sufrimiento es insoportable y pongan en duda la eficacia de los tratamientos.

Existen pruebas razonables provenientes de diversas investigaciones que denuncian una extensión progresiva de la eutanasia no voluntaria e involuntaria; basta pensar en el Informe Remmelink (1991) o en el Segundo Informe (1996), en el millar de eutanasias causadas sin ninguna petición del paciente.

No es fácil calcular con precisión la extensión de la eutanasia no voluntaria e involuntaria, aunque diferentes estudios coinciden en afirmar que es mayor el número de las muertes “sin petición expresa”. Entre las causas se señalan tanto el deseo del médico de acabar con casos de sufrimiento extremo, convencido de que actúa en beneficio del paciente, como el considerar que hay vidas carentes de valor que no merecen la pena ser vividas, por la falta de calidad de vida.
Para cansados de vivir

El segundo requisito, la condición de enfermo terminal, no es exigido por los tribunales desde el caso Chabot, y ni siquiera la Real Sociedad de Médicos la considera importante. Ya durante el debate parlamentario, temiendo un descenso por la pendiente resbaladiza, el senador Egbert Schuurman había predicho el peligro de que “los defensores de la eutanasia irán añadiendo nuevos criterios, por ejemplo ‘estar cansado de vivir’”. Efectivamente, nada más acabar el debate, el propio ministro de Sanidad Els Borst, en una entrevista, se mostró partidario de la así llamada píldora de suicidio (Drion-pill) para aquellas personas mayores que estuvieran cansadas de vivir.

Otro ejemplo es el del Dr. Sutorias, que facilitó el suicidio de un anciano de 86 años que “estaba cansado de vivir”, aunque gozaba de buen estado físico. Un tribunal de primera instancia dictaminó que el médico no había violado las normas sobre la eutanasia, si bien un tribunal de apelación y finalmente la Corte Suprema decidieron que fuera procesado.
Subdesarrollo de los cuidados paliativos

El último requisito ya hemos estudiado cómo se verifica: es indiferente que el dolor sea somático o psíquico, y se aplica la eutanasia a personas que la solicitan por motivos diferentes del sufrimiento.

El subdesarrollo de la Medicina paliativa en Holanda es uno de los efectos previstos en el argumento de la pendiente resbaladiza que se ha cumplido con más claridad. Cuando en 1993 se reglamentó la eutanasia, los cuidados paliativos en Holanda apenas estaban desarrollados; el Gobierno parecía más preocupado por el debate de la eutanasia que por buscar alternativas eficaces. El ministro de Sanidad del siguiente gobierno, en una carta enviada al Parlamento en 1996, reconoció una gran carencia de profesionales de asistencia paliativa, falta de coordinación y descuido de los programas de formación en este sector de la Medicina. Hasta el verano de 1997 no se produce una inversión económica sustancial del Gobierno para mejorar el desarrollo de los cuidados paliativos.

Observadores extranjeros y, cada vez más, también de la propia Holanda, atribuyen este retraso a la eutanasia, que se ha convertido en una opción sustitutiva de estos cuidados, una opción rápida, barata y definitiva del problema del sufrimiento, que ha impedido el desarrollo de alternativas.
En pacientes incapaces

Como señala Ortega, de la evolución de la eutanasia en Holanda se deduce que se ha producido un fuerte descenso por la pendiente resbaladiza a la fase B (ausencia de voluntariedad): se ha permitido la eliminación de pacientes incapaces (con depresión, dementes, enfermos psíquicos, recién nacidos minusválidos o pacientes en coma); no se han desarrollado mecanismos que puedan evitar las presiones (médicas, familiares o sociales), y existe una práctica extendida de eutanasia involuntaria que ha provocado desconfianza y deterioro de la convivencia.

La fase C, que admite varios grados, se ha cumplido en todos ellos: el primero, cuando se ha permitido la eliminación de enfermos incurables pero que no se encontraban todavía en estado terminal; el segundo, con la eutanasia de los que no están en situación irreversible; y el tercero, con la supresión de pacientes con enfermedades que se pueden curar.

En el descenso a la fase D se ha llegado a una “profundidad” considerable: de permitir la eutanasia a personas que padecían dolores intratables se ha pasado a las personas con sufrimientos psíquicos, y de aquí a los que en realidad no experimentaban dolor, sino que tenían otros motivos para acabar con sus vidas.

Pero el argumento de la pendiente resbaladiza no se limita a pronosticar que una vez dado el paso A y aceptada la eutanasia en unos pocos casos límites, se producirán B, C y D. También sostiene que las medidas preventivas que intenten impedir este deslizamiento están destinadas al fracaso y, al cabo de un tiempo, las autoridades no perseguirán a los infractores de la ley o incluso la cambiarán, permitiendo comportamientos menos restrictivos.

En Holanda, esta previsión se ha cumplido: los tribunales han eliminado varios de los límites considerados como “medidas estrictas de seguridad” introducidas por el Gobierno en 1993. El Gobierno no ha conseguido controlar la práctica, pues la mayoría de los médicos no notifican los casos de eutanasia (es irreal pretender que el médico se autodenuncie cuando no ha cumplido con las condiciones establecidas), y es incapaz de verificar que se cumplen el resto de las medidas preventivas. Por su parte, los tribunales, a juzgar por el escaso número de procesos y la cantidad irrisoria de condenas, no parecen demostrar capacidad o interés en perseguir a los infractores de la ley.
Salvaguardas inoperantes

En Holanda el descenso por la pendiente resbaladiza ha sido muy fuerte; las autoridades no han podido controlar la práctica de la eutanasia ni a los trasgresores de la ley; las precauciones establecidas legalmente han desaparecido en parte y la ley ha terminado permitiendo nuevos casos distintos de los iniciales.

También otros autores, como H. Jochemsen y J. Keown (“Voluntary euthanasia under control? Further empirical evidence from the Netherlands”, “Journal of Medical Ethics” 25 (1999), 16-21), a la vista de los datos empíricos holandeses, confirman que “el paso A” (permisividad legal de la eutanasia voluntaria bajo ciertos requisitos) ha dado origen en Holanda a un fuerte descenso por la pendiente resbaladiza. Señalan que el informe de 1990 ha manifestado el fracaso de las “salvaguardas estrictas” establecidas en 1984 por los tribunales y la Real Asociación Médica holandesa, y que no se han cumplido las garantías esenciales ofrecidas por los partidarios de la eutanasia voluntaria. Estos autores señalan también que los datos del segundo informe de 1995 confirman de nuevo el descenso por la pendiente resbaladiza, y muestran que la mayoría de los casos de eutanasia, tanto con petición como sin ella, quedan sin informar y sin comprobar.

Los proponentes holandeses de la eutanasia voluntaria aseguraban que su tolerancia, sujeta a “salvaguardas”, permitiría a la eutanasia quedar “expuesta a la luz pública” y ser controlada con efectividad. Sin embargo, ante el hecho indiscutible de que la mayoría de las veces no existe siquiera oportunidad de examinar los casos oficialmente, las pretensiones de regulación efectiva son vanas: la eutanasia en Holanda se está deslizando por la pendiente resbaladiza.
Para saber más

– Holanda descubre la sedación terminal como alternativa a la eutanasia (Aceprensa 59/06)

– Eutanasia para recién nacidos en Holanda (Aceprensa 68/05)

– Altas tasas de eutanasia revelan deficientes cuidados paliativos (Aceprensa 79/02)

Es preciso recristianizar el diccionario, pues nos enfrentamos a términos francamente barbarizados

El cristianismo siempre ha sabido asumir aquellas palabras y circunstancias que no alteran el mensaje evangélico. No ha tenido miedo de ello. Y menos todavía en estos momentos de relativismo lingüístico en los que contemplamos cómo se tergiversan los vocablos en nombre de una pretendida modernidad que vulgariza al ser humano. Así sucede con expresiones como campo de concentración, interrupción voluntaria del embarazo, proceso de paz y un largo etcétera.

El hombre se ha hecho tan dueño de las palabras que ha terminado esclavizándolas, hasta el punto de provocar que éstas pierdan su valor, por su excesiva manipulación. Así, ellas han dejado de ser herramientas de dialogo para convertirse en instrumentos al servicio de intereses económicos y políticos. Forzar, desvirtuar o desnaturalizar las palabras es tanto como aniquilar el propio lenguaje, presupuesto de racionalidad. De ahí la necesidad de purificar no sólo los conceptos, sino también el vocabulario, de modo que éste sea capaz de expresar con frescura y originalidad el pensamiento humano. También hay que enriquecerlo, dándole nuevos sentidos, quizás inadvertidos por generaciones anteriores. Este modo de proceder es el que realmente configura una cultura del dialogo, abierta, rica. Viva. Integradora. Capaz de fundir filosofías, creencias y opiniones, así como de crear nuevos términos que designen realidades desconocidas.

Allí donde el cristianismo ve algo bueno, se asoma. Lo toma, lo potencia, y se eleva con ello. San Juan no tuvo temor alguno en denominar a Dios Lagos, partiendo del pensamiento griego. San Pablo hizo suya la idea de ley natural, como algo inherente al corazón del hombre. Para comprender y explicar mejor el misterio trinitario, se empleó el concepto de persona -noción griega, reelaborada por los romanos-, etc. San Agustín se platonizó y Santo Tomás dialogó con el Estagirita. El derecho canónico asumió gran parte de la terminología romana: confesión, rescripto, potestad, jurisdicción, y muchos términos más pasaron del ius civile al ius canonicum sin dificultad.

En mi opinión, es preciso recristianizar el diccionario…

En mi opinión, es preciso recristianizar el diccionario, pues día a día nos enfrentamos a términos francamente barbarizados. Para este fin, la eutanasia es un buen ejemplo. Me explicaré. Eutanasia -en griego, buena (eu) muerte (tánatos)- es un termino positivo, eufónico, seleccionado hábilmente para esconder, con eufemismos, una realidad tan cruel como inhumana: la asistencia al suicidio, cuando no el homicidio directo. Servía, sobre todo, para ocultar mediáticamente el suicidio, creando una cortina de humo entre dos acciones profundamente distintas: matar y morir.

No nos hallamos ante un tema baladí, pues, una vez perdida la batalla del lenguaje, es fácil ser vencido en la contienda de la argumentación. De ahí la necesidad de recuperar la idea de eutanasia -arma arrojadiza contra la Iglesia- y ganarla para la causa cristiana. En efecto, el cristianismo, gran defensor de la dignidad de las personas, quiere que todos los hombres mueran dignamente, es decir, conforme a su condición de hijos de Dios. Por eso, puede hablarse con total propiedad de una eutanasia cristiana, de una buena muerte, que es propia del hombre que aprovecha ese trance para preparar el salto a la vida eterna. La eutanasia por excelencia -es decir, la muerte más valiosa- fue la de Cristo en la Cruz, que trajo la redención al género humano. Por eso, los cristianos deberíamos ver en el martirio -dar la vida por amor a Dios- una suerte de eutanasia.

La eutanasia cristiana ayuda a morir dignamente, pero nunca asesina, pues matar es moralmente inaceptable, y más todavía si se trata de poner fin a la vida de personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Por ello, la eutanasia cristiana rechaza cualquier tipo de acción u omisión que, de suyo o en la intención, provoquen la muerte, admitiendo, por supuesto, la interrupción de tratamientos médicos desproporcionados o un vano encarnizamiento terapéutico. Así, la eutanasia cristiana no desea la muerte pero acepta, porque reconoce nuestra condición de criaturas, el fin inexorable.

La eutanasia cristiana reclama que las decisiones sean tomadas por el propio paciente, si fuera capaz, o por sus familiares, respetando siempre los intereses legítimos del enfermo. La eutanasia cristiana jamás desatiende los cuidados paliativos, por más que la muerte nos pise los talones, y ve en ellos un ejercicio vivo de caridad fraterna, de generosidad. De solidaridad. Mientras escribo estas líneas, millares de personas, repartidas por todo el mundo, contribuyen al buen morir. Nos enseñan a ser valientes. La eutanasia cristiana es, pues, una realidad. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, desde posiciones distintas -enfermo y enfermera-, son modelos para el cristiano frente a la hermana muerte.

En definitiva, la eutanasia cristiana apuesta por la persona, por su dignidad, ayudándonos a morir en las manos de Dios. Para ello, es preciso rechazar de plano cualquier acción que directa o indirectamente implique un animus necandi, una intención o voluntad de matar, del todo contraria a los derechos humanos.

La eutanasia cristiana no teme a la muerte, pues ve en ella una puerta que se abre al Amor. Por eso, la espera con coraje, con entereza, sabiendo que es tan sólo un paso, una pascua, un recodo en la vida. Un camino que más tarde o más temprano todos hemos de recorrer.

«El Gobierno andaluz -señala Joaquín Fernández-Crehuet- ha anunciado una ley sobre la muerte digna con estos cuatro objetivos: la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo del tratamiento, la sedación paliativa y la desconexión en caso de fallecimiento. Esta ley es innecesaria, porque los médicos ya actuamos en esta dirección. Existen unos protocolos científicos que marcan la pauta en nuestras prácticas médicas. Lo que sí es necesario es que el legislador garantice que en cada centro sanitario, público o privado, exista un comité ético asistencial encargado de estudiar casos concretos de pacientes terminales.

-¿Qué tiene que ver la muerte digna con la eutanasia?

-Nada. Muerte digna es morir con todos los tratamientos médicos y psicológicos adecuados, y con el afecto que merece toda persona humana: los enfermos tienen la misma dignidad que los sanos. Sin embargo, la eutanasia es el acto deliberado de eliminar una vida humana, lo cual nunca es admisible. Pero hay que advertir que tan reprobable es la eutanasia como la obstinación terapéutica por mantener una vida artificialmente con medios desproporcionados. Insisto, cada caso es distinto.

-De vez en cuando aparece en la opinión pública el caso de un enfermo que pide la eutanasia

-Hay que estudiar la situación de cada enfermo. En unos casos, estamos ante pacientes con enfermedades irreversibles cuya vida se está manteniendo artificialmente, por lo que es más correcto hablar de limitación del esfuerzo terapéutico, que es una práctica impecable desde el punto de vista ético. En otros, nos encontramos con un enfermo terminal con un dolor refractario a los analgésicos, y es ética la sedación paliativa con objeto de eliminar el sufrimiento. Si de esto se pudiera derivar un acortamiento de la vida, eso no es eutanasia. Para estos casos existen las unidades del dolor, que palian el efecto de los síntomas. Es ético sedar a un paciente aunque se produzca un efecto colateral de acortamiento de la vida, pero nunca se debe practicar la sedación si tiene como principal efecto adelantar la muerte.

-Parece que en esta legislatura se puede plantear en el Parlamento nacional una ley de eutanasia.

-La experiencia de la ley de eutanasia holandesa ha demostrado que, de 4.500 casos revisados de eutanasia, el 20 por ciento de los pacientes murió sin consentimiento expreso; y en el 40 por ciento de las muertes, la eutanasia estuvo precedida de actuaciones médicas que aceleraron el proceso de la muerte. En consecuencia, los casos particulares deben ser estudiados particularmente. El movimiento pro eutanasia encubre a menudo motivos inconfesables, nada solidarios, sino mercantilistas: despejar camas hospitalarias, disminuir los presupuestos sanitarios Se apela a los sentimientos compasivos, pero la realidad demuestra que se elimina a muchos enfermos y ancianos con un total desprecio a la vida humana.

Hoy en EL MUNDO

Resulta que estos primitivos homínidos, extinguidos hace unos 25.000 años, van a ser la reserva ideológica del ala más radical del PSOE de Zapatero. Quede claro que digo esto con todo el respeto debido y sin ánimo de ofender a nadie. Y me explico.

Esta extinta especie de homínidos primitivos practicaba, ya en su tiempo, una forma también primitiva de aborto. Mataba a los niños recién nacidos que, por una u otra causa, no podía atender. Igualmente, llevaba a cabo una primitiva forma de eutanasia, ya que abandonaba a su suerte a los ancianos, cuando se daban idénticos motivos. También practicó el canibalismo. Junto a todo esto, no deja de ser curioso que llevara a cabo prácticas muy avanzadas, socialmente hablando, como era el enterrar a los niños, algo nada habitual por aquellos tiempos e incluso mucho más tarde.

Alguno estará todavía con las manos en la cabeza no pudiendo creer lo que está leyendo. Sigo explicándome. A un grupo de dirigentes radicales del PSOE no se les ha ocurrido mejor idea para evitar el debate sobre lo que realmente interesa a los españoles, esto es, la crisis económica y las medidas necesarias para su más pronta superación, que abrir un debate sobre dos temas que, interesando poco o nada a la sociedad en su conjunto, sí pueden subir la temperatura del enfrentamiento político: la eutanasia y el aborto. Lo visten todo, además, con la dulce tela del progresismo. No es mi intención caer en la trampa que se nos tiende, pero tampoco se debe rehuir el dejar claras ciertas cosas. El llamar, una vez más, frente a los eufemismos del Gobierno, a las cosas por su nombre.

Creo firmemente que el verdadero progreso protagonizado por el hombre a lo largo de la Historia, ha sido el realizado en el plano humanitario, no en el material, por mucho que éste sea más llamativo.

Si hay algo que represente la barbaridad de la que es capaz el corazón de un hombre, eso es la muerte y más, si cabe, la muerte de un indefenso. En eso se puede resumir la crueldad humana: en el desprecio por la vida de los demás. Pocas cosas habrá que puedan repugnar más que el abuso que hace de su fuerza el más fuerte sobre el más débil. Poco hay que pueda encolerizar más a un alma civilizada que ver a un individuo arrebatar la vida a otro.

Si algo ha acompañado a la humanidad a lo largo de la Historia, eso ha sido la muerte. Ella ha sido el medio para la consecución de los fines que se han marcado muchos hombres a través de los tiempos, materializándose en innumerables guerras que, todavía hoy, asolan el mundo.

Frente a esa barbarie asesina, el hombre también ha recorrido un camino llamado civilización. Un camino que ha consistido, fundamentalmente, en reconocer el derecho de todos a la vida y la obligación que todos tenemos de proteger ese derecho. Es comúnmente aceptado que cuanto más avanzado es un pueblo, mayor es la protección que ese pueblo otorga al derecho a la vida. Esto es lo que yo considero progreso, al menos desde una visión humanista del mundo.

Pues si la defensa de la vida es, sin duda, el fiel para medir el verdadero progreso de la Humanidad, ¿cómo es posible que ahora nos vendan como progresista el aborto o la eutanasia? ¿Cómo es posible que la matanza de un feto con síndrome de Down, o ciego, o hemofílico sea considerado progresista, cuando la propia convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad insta, en su artículo 10, a los estados «a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho (a la vida) a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás»?

Me sorprende mucho que el mismo Zapatero que hace poco tiempo se deshacía defendiendo «la vida como valor supremo» -cosa que critiqué desde estas mismas páginas, por entender yo que no es un valor, sino un don de Dios- nos proponga hoy fórmulas para acabar con ella.

Me llama también la atención la coincidencia -no milimétrica ni absoluta, por supuesto- que se da entre los sectores de la izquierda más radical y algunos ecologistas y antitaurinos que defienden a ultranza, y todos a una, el derecho a la vida de los animales y rechazan la pena de muerte -aquí sí coincido con ellos-, pero que, a la misma vez, muestran sin empacho su apoyo al aborto, a la eutanasia -que nada tiene que ver con una muerte digna- o a esa criminal selección eufemísticamente llamada «cribado prenatal».

Es curioso cómo algunos, para eludir responsabilidades, nos venden como progresistas prácticas que ya realizaban nuestros más primitivos ancestros y otros muchos pueblos de la antigüedad.

Sinceramente, creo que no hay mayor progreso para el hombre que el asumir las responsabilidades propias de sus actos y de su posición en la sociedad que le acoge. De entre todas esas obligaciones, la de mayor altura es la defensa de los más débiles, lo que incluye, en primer lugar, la defensa de su vida.

Por mucho que me argumenten, me seguirá siempre pareciendo una barbaridad primitiva el triturar con unas tijeras a un niño en el seno materno, más aún si cabe, cuando está medio mundo deseando adoptar. Igualmente, considero una salvajada sin paliativos el acelerar la muerte de los enfermos, algo que nada tiene que ver con el oportuno tratamiento del dolor.

He visto a mi madre morir muy poco a poco. No se le alargó ni acortó un minuto ese camino, aunque se tomaron todas las medidas que a nuestro alcance estaban para evitarle cualquier sufrimiento innecesario. De aquellos dos años, tan difíciles, no recuerdo ni un solo segundo indigno.

Llevo casi cinco años sin poder tener una comunicación intelectual con mi padre, pero por mucho que lo eche de menos, todos los días me hace feliz, disfruto y me río con él. ¿Alguien tiene el valor de decirme que esa es una vida indigna?

Tengo familiares y amigos que sufren deficiencias, problemas o que simplemente llegaron en mal momento. Son familiares y amigos que, bajo legislaciones como la que hoy nos proponen en España los progresistas, podrían haber sido muertos antes de nacer. Eso, por no hablar de los grandes genios de la humanidad que jamás habrían llegado a serlo de haberles aplicado tan avanzadas iniciativas.

El dolor, las deficiencias y la muerte son compañeros inseparables del hombre y la mujer desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra. El verdadero progreso de la especie humana y su triunfo sobre las demás, ha consistido en el uso que ha hecho de su libertad para, asumiendo su propia imperfección, defender la vida de los demás y la propia, ayudar al que sufre, acompañar al moribundo y proteger al débil. Desgraciadamente, también ha habido y habrá siempre quien, de una u otra forma, intente proporcionar un atajo para evitar esas incómodas obligaciones… Con todo el debido respeto, eso nunca podrá ser llamado progreso.

Considera que plantea un falso problema al que tampoco da solución. Recoge la Ley cuestiones que ya estaban solucionadas en anteriores Leyes y Normativas, y crea un ambiente sospechoso contra los profesionales de la Sanidad. El Proyecto de Ley es un panfleto propagandista para inducir estados de opinión: en manera alguna aporta soluciones, ni dota a los centros sanitarios de presupuestos para ejecutar los beneficios que predica.

Quiere evitar que la Sanidad Andaluza se convierta en un campo de experiencias dudosas, encubiertas por la apropiación de la palabra dignidad. Por tanto ANDOC ha presentado ante la Consejería de Salud las alegaciones siguientes:

MARÍA DOLORES GÓMEZ ARMENTEROS, con DNI nº 26.027.733 J, actuando en nombre de ANDOC (Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia), inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el nº 168852, cuya representación ostenta en su calidad de Presidenta de la Asociación, mediante el presente escrito comparece y, como mejor proceda en Derecho,

MANIFIESTA:

Con fecha 15 de septiembre 2008, se publicó en el BOJA la RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008 de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.

ANDOC (Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia), está constituida por un nutrido grupo de profesionales de los diversos ámbitos de la Sanidad (farmacéuticos, médicos, enfermeras y enfermeros, etc.) que tiene como finalidad, dentro del marco de la libertad ideológica y de conciencia, la fijación de criterios que permitan clarificar y definir la situación jurídica, derechos y obligaciones de los facultativos, farmacéuticos, personal sanitario y de las propias instituciones integradas en el Sistema Nacional de Salud.

Estando pues legítimamente interesados, venimos a realizar las siguientes alegaciones al referido Anteproyecto de Ley:

A L E G A C I O N E S

Aspectos generales:

La finalidad fundamental del proyecto es la de “concretar y proteger el ideal de una muerte digna”. El término “muerte digna” es muy poco preciso y polisémico, susceptible de muchas interpretaciones. Es un error legislar basándose en términos equívocos. Si, como parecen entender los redactores, “dignidad” se asocia con ausencia de dolor, de sufrimiento físico o moral, habría que concluir que una persona que sufre goza de menor dignidad que los que viven o mueren sin dolores. La dignidad no radica tanto en condiciones vitales y materiales, sino que es un atributo de cada ser humano, titular de esa dignidad. Nos parece que hay un uso interesado ideológico y no compartido del término “muerte digna”.

…/…
El texto parece dar a entender que existe un “derecho a la muerte digna”. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho a la vida, como el más importante y presupuesto de todos los derechos, pero desconoce como tal un supuesto “derecho a la muerte digna”. Habría que preguntarse, además, quién o quiénes determinan, qué vida merece ser vivida y cuál no; sin que quepa decir que tal decisión corresponde exclusivamente al individuo, porque además de afectar a otras personas (familiares, etc.), aquí se implica en el proceso de ejecución de tal voluntad a un tercero: el médico, que además es un profesional sanitario a quién la sociedad confía el cuidado de las personas que por su enfermedad son especialmente débiles y vulnerables
Efectivamente, esta ley no es una ley de eutanasia: el texto excluye expresamente su regulación, entre otras cosas, porque la eutanasia en un delito tipificado (art.143.4 Código Penal) y la Junta carece de facultades para regular tales supuestos. Sin embargo, al definir qué se entiende por eutanasia incurre en una omisión significativa: según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la eutanasia es “la conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico”. El proyecto no contempla bajo esa definición, la eutanasia debida a la omisión voluntaria de los cuidados imprescindibles –que en nada afectan ni al empeoramiento, ni al sufrimiento ni al alargamiento absurdo de la vida- como son la alimentación y la hidratación: privado de esos cuidados mínimos (nunca futiles), el paciente fallece y, además, con sufrimiento.

Aspectos jurídicos:

Se trata de una ley innecesaria: los derechos, servicios y garantías de los pacientes y las obligaciones de los médicos están ya suficientemente reguladas por: la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; el Código de Ética y Deontología Médica (1999), artículos. 7 a 13; artículo 27 (relativo al proceso de la muerte), la Carta de los Derechos del Paciente incluída en la Ley General de Sanidad de 1986 y en el Reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, etc. ¿Por qué entonces se quiere dictar una legislación reiterativa que confunda más que aclare?. Es preferible hacer una buena ley sobre cuidados paliativos, al tiempo que se ponen los medios materiales y personales para que la ley sea eficaz.
Coloca a los médicos en situación de “sospechosos”: de su lectura, parece deducirse que las conductas irregulares e irresponsables que trata de evitar son corrientes en la práctica médica en España: nada más injusto y falso.
Es una ley voluntarista: lo menos grave es que establezca un conjunto de derechos, servicios, garantías, etc. para los pacientes, que es muy dudoso que hoy en día esté en condiciones de asegurar, sino que hace responsables de la implementación y ejecución de tales medidas a las instituciones sanitarias –sin distinguir entre públicas y privadas- y a los médicos, a través de un rigorista y poco justificado sistema de sanciones.
Margina los derechos de los profesionales, su cumplimiento de la “lex artis” y de su código ético: la preeminencia que se da a la autonomía del enfermo, sobre todo en el caso de rechazo y retirada de una intervención (artículo 7), convierte al facultativo en un mero “espectador” o prestador de servicios, sin más intervención que la de juzgar sobre la capacidad del paciente para expresar su consentimiento.
Es también problemática la intervención del representante en caso de que el paciente no pueda expresarse: obrar de acuerdo con una voluntad presuntamente expresada por el paciente, se puede prestar a actuaciones interesadas, discusiones entre familiares, etc. Conviene tener en cuenta que el enfermo se encuentra en estos casos, en una situación de debilidad e indefensión y más fácilmente expuesto a presiones que le podrían llevar a considerar su vida como inútil o molesta para sus allegados.
También puede presentar problemas, la prestación de consentimiento en menores de 16 años o emancipados: resulta paradójico que sin tener edad para ejercer el derecho al voto o plena capacidad en la administración de sus bienes, sí la tengan para disponer sobre su vida, y además, sin más condición que escuchar a los padres.
No aparece mencionado, más que indirectamente, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y del resto del personal sanitario: la Consejera de Sanidad dice, con verdad, que la Junta no tiene competencias para regularla, porque hay una legislación estatal. Con independencia de que tal regulación no exista actualmente, al ser la objeción de conciencia un derecho constitucionalmente amparado y profesionalmente asentado que no necesita de regulación específica (STC 11 de abril de 1985), sin embargo, que no haya la más mínima remisión a regulación alguna, ni constitucional, ni deontológica, podría dar lugar a una gran inseguridad entre los médicos y a generar muchos litigios.
El anteproyecto afecta por igual a los hospitales públicos y privados (Artículo 2.2). Es muy dudoso que la Junta tenga facultades para “organizar” el servicio en los hospitales que no son del SAS. Además, no se tienen en consideración los hipotéticos conflictos entre el ideario de determinados establecimientos asistenciales y algunas prescripciones del proyecto.
Tenemos serias dudas de que la Junta cuente con en este caso con potestad sancionadora para multar, -en algunos casos tomando ocasión de unos supuestos imprecisos y con unos montos desorbitados-, a los médicos. Las facultades para sancionar a los facultativos las tienen, por ley, los Colegios profesionales; y si se trata de actuaciones presuntamente delictivas, los Tribunales de Justicia. Inventarse una nueva instancia sancionadora no es de recibo.
Finalmente, el papel que otorga a los facultativos este anteproyecto, unido a la amenaza de sanciones, tiene el riesgo evidente de desembocar en una “medicina defensiva”, que perjudicará no sólo a los profesionales, sino también a los enfermos y al desarrollo de los legítimos avances de la medicina.

Sea como sea, me parece oportuno mostrar dos libros de reciente aparición sobre la cuestión: “El buen adiós” y “Seducidos por la muerte”.

“El buen adiós” (Espasa), cuenta con la prosa agilísima de Silvia Laforet y la experiencia médica (y humana, muy humana) del doctor Jesús Poveda, se atreve a adentrarse en el territorio prohibido de la muerte, del buen morir. Se trata de un ensayo repleto de anécdotas cargadas de humanidad y sentido común, algunas muy emotivas, que ayudan a pensar no solo en la mejor manera de afrontar la propia muerte, sino la de nuestros seres queridos. Cómo superar el dolor emocional y físico. De qué forma prepararse. Cómo valorar y ayudar a aquellas personas de nuestro entorno que se caracterizan por estar siempre al pie del cañón cuando llega la enfermedad grave. Cómo, a quién y en qué momento comunicar una “mala noticia” … Quien lea “El buen adiós” reafirmará que la muerte es el proceso natural y final de la vida, que puede transformar su natural tragedia en algo incluso bello, que se puede paliar el dolor físico sin que el enfermo pierda su dignidad y sin caer en eufemismos tan tristes como la eutanasia o el suicidio asistido. Sin duda, este libro eleva al enfermo, a sus familiares, a sus cuidadores y a todo el equipo médico.

Editorial Planeta acaba de publicar la traducción al castellano de un clásico sobre el suicidio asistido y la eutanasia: “Seducidos por la Muerte” de Herbert Hendin. Es la obra en que se basó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para establecer que no existe derecho constitucional al suicidio asistido.

No es una obra cualquiera sobre la eutanasia. Es el informe serio y científico del Director Médico de la Suicide Prevention Internacional, y Catedrático de Psiquiatría del New York Medical College, que frenó a la administración Clinton cuando se disponía a sacar una ley financiada con fondos federales. El autor fue llamado a declarar, resumiendo las conclusiones de su obra, ante el Congreso de los Estados Unidos. Herbert Hendin se había desplazado antes a Holanda para estudiar la posibilidad de legalizar la eutanasia; el resultado fue este clarificador informe, recogido en un libro que se lee como novela, y que tuvo un enorme impacto en la opinión pública norteamericana.

Una cosa es el debate social sobre este tema en los medios de comunicación, que se produce casi siempre en torno a un caso límite. Y otra cosa es el estudio serio de los resultados reales de la eutanasia en un país, con vistas a implantarla en el propio. Ahí es donde los gobiernos se vuelven atrás, como acaba de ocurrir en Francia. Ese estudio es lo que recoge el libro de Hendin, y es de agradecer que se haya hecho de forma muy amena, entremezclando la frialdad de los grandes números con la cercanía de muchos relatos narrados con gran viveza y humanidad. Resultan también muy ilustrativas las conversaciones del autor con los principales promotores de la eutanasia en Holanda, que van sazonando toda la obra.

Es necesario establecer una gran alianza entre feminismo y socialismo que abarque todas las áreas del pensamiento y de la acción política (María Teresa Fernández de la Vega, marzo de 2005).

El interés por la sexualidad es lo que diferencia al feminismo radical (…). Para ser radicales no se trata sólo de ganar el espacio público (igualdad del trabajo, la educación o los derechos civiles y políticos), sino que también es necesario transformar el espacio privado (Nuria Varela, “Feminismo para principiantes”, 2005).

Una de las ideas más radicales del feminismo contemporáneo es su pretensión de que el espacio privado del hogar y la familia debe estar sujeto al escrutinio público (Mary Evans, “ Introducción al pensamiento feminista contemporáneo”, 1997).

La discriminación que han sufrido tradicionalmente las mujeres en el mundo tiene múltiples manifestaciones, una de ellas es estrictamente lingüística (…). En ello consiste el sexismo lingüístico, en el diverso tratamiento que, a través de la lengua, hacemos del individuo en función de los genitales con que ha nacido (María Ángeles Calero Fernández, “Sexismo lingüístico”, 1999).

La igualdad feminista radical significa (…) que las mujeres no tengan que dar a luz. La destrucción de la familia biológica que Freud jamás ha visualizado permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos (Alison Jaegger, “Political philosophies of woman’s liberation”, 1977).

Pensamos que ninguna mujer debería tener esta opción. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deberían tener esa opción (Christina Hoff Sommers, “Who stole feminism?”, 1994).

Una sociedad autónoma es una sociedad que se autoconstituye; los individuos autónomos son individuos que se autoconstituyen. (…) Este tipo de sociedad es la que se determina asimismo plenamente, sin un límite exterior, referencia o finalidad preconstituida (Zygmunt Bauman, “En busca de la política”, 1999).

Con el referente beauvorista (de Simone de Beauvoir) de fondo , algunos estudios determinan, de manera taxativa, que la madre no nace, se hace y que, por tanto, el amor maternal no es universal, como se pretende desde la retórica ilustrada, sino constituido por nuestro pasado histórico, nuestra sociedad y nuestra cultura (Helena Establier Pérez, “La teoría de la maternidad en el contexto crítico español).

El feto es un invasor extraño que le roba a la mujer su individualidad frente al considerado por los médicos como una entidad sagrada para definir la identidad de la mujer. La lucha de esta mujer será por tanto la lucha entre los intereses de la especie y los de la mujer individual (Simone de Beauvoir, “El segundo sexo”, 1987).

A propósito de la muerte del director de orquesta Edward Downes y de su mujer, asistidos por la asociación Dignitas, Times Online ha recuperado un reportaje de su corresponsal en Zurich, Roger Boyes, en donde se descubren algunos particulares sobre el modo de operar de esta que algunos medios llaman, faltando a la exactitud, “clínica”.

La aparición de restos óseos en el lago de Zurich, en la llamada Costa Dorada, produjo el año pasado intranquilidad entre las autoridades y entre los acomodados vecinos de la zona. Aunque la policía no encontró indicios para incriminar a nadie por estos restos, el Departamento de Recogida de Basuras, Agua y Energía envió a Dignitas una comunicación previniéndole de que el exceso de desechos provenientes de cadáveres humanos podría contravenir la normativa ambiental de la región. “Las encuestas de opinión suelen mostrar que el 60% o más de los ciudadanos suizos aprueban el suicidio asistido para los que sufren enfermedades terminales o serios impedimentos, pero la aprobación se disuelve rápidamente si aquél se realiza frente a sus casas”, concluye Boyes.

Soraya Wernli, antigua secretaria general de Dignitas que renunció por razones éticas y económicas, calcula que en los últimos años han ido a parar al lago los restos de cerca de 300 clientes de la organización. El reportaje de Times Online explica que, tras la muerte asistida, la policía y un médico se personan en el lugar para retirar el vídeo que obligatoriamente debe hacerse de los momentos finales del fallecido, para confirmar que ha procedido por propia voluntad; simultáneamente, una ambulancia retira el cuerpo y lo traslada al Instituto Forense de Zurich y de seguidas al lugar donde se procede a la cremación. “Son los restos que no reclaman ni la familia ni los amigos los que se cree que Dignitas tira”, precisa el artículo.

Dura agonía

Según el texto, el suicidio asistido no es tan sereno como parece. El año pasado Dignitas tuvo dificultades para conseguir las dosis de 15 gramos de pentobarbital de sodio que administraba a sus clientes para lograr una muerte rápida, y recurrió en consecuencia a inhalaciones de helio. Al examinar los vídeos de los fallecidos por este sistema, la policía y la fiscalía suiza quedaron impresionadas por la agonía que se prolongaba cerca de una hora entre estertores y espasmos de los pacientes.

Por otro lado, y aunque en teoría quien decide recurrir al suicidio asistido debe haber sido visitado al menos en un par de ocasiones por un médico, Wernli revela que no siempre las cosas funcionan así. “Algunos extranjeros -alemanes e ingleses- podrían haber llegado a Zurich en la mañana, haber sido llevados ante el médico y a media tarde estar ya muertos”, relata la ex directiva de Dignitas. Junto a esto, el caso del joven Daniel James, un jugador de rugby de 23 años que quedó paralizado tras un accidente, introdujo el precedente de poner el suicidio asistido a disposición de enfermos no terminales.

Un “nuevo Caronte”

La figura de Ludwig Minelli, director de Dignitas, despierta muchas suspicacias a las que se refiere el reportaje de Times Online. Al contrario de lo que pudiera creerse, Minelli no es médico, sino un periodista y abogado retirado, de 75 años, que dice no tener fines de lucro, aunque admite llevar la organización con la firmeza de un “dictador benigno”.

No todos afirman el desinterés del trabajo de Minelli: Gerhard Fischer, del Partido Evangélico (una influyente fuerza política de la Suiza germanoparlante), ha declarado que “esto se ha salido de control. Soy granjero y para inyectar a un becerro debo hacer primero un curso, y sin embargo no se pide nada para mandar a un ser humano a la muerte. Se ha convertido todo en un negocio”.

Boyes sostiene que la experiencia de Minelli como periodista le ha servido para neutralizar la atención de los medios indeseados —y así, por ejemplo, sólo concede entrevistas cuando está seguro de que no averiguarán más de la cuenta—, pero que es sobre todo su destreza como abogado la que le ha servido para vadear los obstáculos legales y dar siempre una apariencia de respetar las normas.

Lo cierto, sin embargo, es que Dignitas no publica cifras desde 2004, aduciendo el respeto a la privacidad de sus clientes y el derecho que tienen a decidir sobre su propia muerte. Wernli ha acusado a Minelli de cobrar a cada suicida 3.500 euros, cifra que representa una notable ganancia respecto de los 5 euros que cuesta la dosis de pentobarbital. Sin embargo, el reportaje de Boyes parece concederle su falta de interés por enriquecerse, y aventura la tesis de que “la reticencia de Minelli a ser transparente con el dinero derive probablemente de su deseo de controlarlo todo”. Boyes llama en su apoyo el testimonio de un médico suizo que no identifica: “Este hombre no está por el dinero: se trata, en cambio, de tener poder sobre la vida y la muerte. Es como el mítico barquero de la laguna Estigia, transportando a las personas a la otra orilla. ¿Y con qué se le pagaba a aquel barquero? Sólo con una moneda”.